En un comunicado difundido esta tarde, Fitch explicó que colocó a El Salvador en Incumplimiento Restringido (“RD”) porque, según sus criterios, la reestructuración de Certificados de Inversión Previsional (CIP) constituyó un canje de deuda desventajoso.

Al igual que S&P, una vez completada con éxito la operación de los CIP, Fitch elevó hoy a “B-” la calificación de la deuda soberana de largo plazo y de corto plazo emitida en moneda local (es decir, en el mercado interno) y extranjera.

Su decisión, explicó la agencia, se debe a “la exitosa reestructuración de CIP así como a la reciente reforma de pensiones”, ambas aprobadas el jueves pasado en la Asamblea Legislativa.

En su comunicado, Fitch consideró que el acuerdo para reformar el sistema previsional podría “allanar el camino para la aprobación del presupuesto de 2018 y la aprobación de la emisión de deuda necesaria para cubrir las necesidades de financiamiento” del próximo año.

Sin embargo, la cercanía de las elecciones legislativas y municipales de 2018, así como las presidenciales de 2019, podrían complicar la toma de acuerdos, advirtió.

 $91Millones. El Gobierno debía pagar $91 millones en CIP este mes, pero ya no fue necesario después de la reestructuración.

En la escala de clasificaciones de Fitch, la categoría “B” indica que el riesgo de impago está presente, pero se mantiene un limitado margen de seguridad. Las obligaciones financieras se están pagando, pero la capacidad para continuar honrando compromisos es vulnerable al deterioro en las condiciones económicas.

Luego de que el país solventara el impago ocurrido en abril, Fitch otorgó la calificación “CCC”, que indica una posibilidad real de impago. A esta categoría le sigue las “CC”, “C”, “RD” – donde ya estuvo dos veces El Salvador- y finalmente la “D”, es decir, el impago.

Los CIP son instrumentos de deuda pública que emite el Fideicomiso de Obligaciones Provisionales (FOP), y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están obligadas a comprarlos con el dinero de sus cotizantes.

La venta de CIP A permite al Estado obtener recursos para pagar las pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y del Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INPEP). Los CIP B permiten pagar otros beneficios provisionales.

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